Sebastián dejó la copa. Jimena, su prometida, le preguntó por primera vez por qué nunca le había contado nada. Él no supo qué contestar.
La cena terminó antes del postre. Nadie fue arrestado ni se congelaron cuentas. Pero la versión familiar empezó a desmoronarse frente a quienes mis padres querían impresionar.
Lloré solo en la cabaña cuando pensé en el alhajero. Lo demás requeriría paciencia.
El 26 de diciembre acudí con mi abogada a presentar una denuncia por el uso de mi firma y el acceso no autorizado a documentos. Entregamos el contrato antiguo, el registro de descarga, el mensaje de Iván y el convenio. Tendrían que comprobar quién había alterado el archivo. Además notifiqué mi negativa a vender y confirmé que la bodega seguía a mi nombre, sin gravámenes.
Iván dejó de trabajar con nosotros tras el procedimiento correspondiente. Después aportó, mediante su abogado, datos del pago recibido de Sebastián. Eso orientó la investigación sin borrar su responsabilidad.
El 27, el consejo de la desarrolladora suspendió temporalmente a Sebastián de sus funciones financieras mientras se revisaban los movimientos. Mi padre tuvo que entregar acceso a los expedientes contables. Mi abuela no podía disponer a capricho del dinero de la empresa; necesitó votos, actas y especialistas externos. Esa lentitud, que antes me desesperaba, fue precisamente lo que impidió que todo dependiera de los gritos de una sola noche.
El informe preliminar llegó en febrero. Había transferencias desde cuentas del proyecto hacia dos empresas vinculadas con inversiones fallidas de Sebastián, justificadas con conceptos de consultoría que no correspondían a servicios acreditados. Parte del dinero provenía de aportaciones comprometidas con inversionistas. La revisión no señaló que todo hubiera terminado en sus bolsillos, pero sí detectó autorizaciones irregulares y pérdidas ocultadas.
