—La suspendí.
—¿Cómo que la suspendiste?
—Ya no vas a utilizar mis cuentas.
Hubo un silencio.
—¿Por lo de ayer? No seas exagerada. Era una broma.
—Lucía pasó la noche preguntándose por qué su abuela deseaba que nunca hubiera nacido.
—Siempre has sido demasiado sensible con esa niña.
Colgué antes de contestarle algo de lo que pudiera arrepentirme.
Aquella mañana dejé a Lucía en la escuela y me reuní con Laura Méndez, una abogada civil que había asesorado a mi empresa en otras ocasiones.
Le mostré la escritura, el comodato, los estados de cuenta y la solicitud hipotecaria.
Laura examinó cada documento.
—La casa es tuya y no pueden hipotecarla legalmente sin cumplir las formalidades correspondientes y acreditar tu consentimiento. Pero esto no significa que debamos ignorar la falsificación.
—Quiero impedir cualquier operación sobre mi propiedad.
—Entonces necesitamos verificar el trámite directamente con la intermediaria y el notario. También podemos solicitar información registral actualizada.
Le expliqué lo ocurrido con Lucía.
—Quiero que mi madre se vaya de esa casa.
Laura señaló el contrato de comodato.
—Aquí pactaron un aviso previo de 60 días para terminarlo. Vamos a notificarla formalmente. Si se niega a entregar el inmueble, tendríamos que acudir a la vía civil. No puedes simplemente cambiar las cerraduras.
Acepté. No quería cometer una ilegalidad por desesperación.
Después hablamos de las colegiaturas de mis sobrinos. El periodo escolar vigente ya estaba cubierto. Decidí respetar ese pago, pero notificar que no financiaría el siguiente ciclo.
Los niños no tenían por qué quedarse sin clases de un día para otro por las decisiones de sus padres.
A mediodía contacté a la intermediaria hipotecaria. Me identifiqué como propietaria y expliqué que desconocía la autorización.
La asesora confirmó que el expediente estaba en etapa preliminar. Ningún banco había otorgado todavía el crédito y faltaba verificar personalmente mi consentimiento.
