Adrián cambió de tono.
—Puedes hablar con los otros socios. Convéncelos de que nos den tiempo.
—El tiempo lo tuvieron durante 6 meses. Yo no voy a utilizar mis acciones para tapar pagos que ustedes decidieron esconder.
Laura pidió que quedara constancia de la propuesta y levantamos la sesión sin convenio.
El abogado de Beatriz sugirió que yo misma cubriera la deuda para conservar «la paz familiar». Me sorprendió escuchar aquella frase después de todo lo ocurrido. Durante años, la paz había significado que yo pagara y ellos decidieran. Esa tarde respondí que ningún acuerdo económico sustituiría una disculpa ni detendría una investigación. La conversación terminó allí.
Al salir, Beatriz me alcanzó en el pasillo.
—Renata es una muchacha impulsiva. Estaba nerviosa por sus fotografías. No puedes destruir una familia por un tropiezo.
Me aparté para que no me tocara el brazo.
—Su hija pudo fracturarme el cráneo. Usted vio lo que hizo y dejó que me llamaran mentirosa. La familia empezó a romperse mucho antes de que yo pusiera una denuncia.
—También eres culpable por trabajar hasta enfermarte —murmuró.
Por primera vez comprendí que jamás admitiría haberme tratado mal. No porque desconociera el daño, sino porque reconocerlo significaría perder el derecho a decidir por todos.
La investigación siguió su curso. El fotógrafo acreditó el origen del video y Elisa declaró. Renata negó que quisiera tirarme, pero las imágenes mostraban claramente su movimiento. Meses después aceptó una salida judicial condicionada, con reparación económica, servicio comunitario y prohibición de acercarse a mí. No hubo una condena espectacular; hubo consecuencias comprobables.
El caso contra Adrián fue más difícil. Los mensajes y análisis requirieron peritajes. Negó haberme suministrado sedantes y contrató defensa. La investigación continuó por las sustancias y la autorización falsa. Tener pruebas no significaba conseguir una sentencia inmediata.
