La universidad, por su parte, inició una revisión administrativa independiente sobre la solicitud de baja.
Durante las semanas siguientes surgieron detalles que ayudaron a reconstruir lo ocurrido.
El correo del lunes había sido enviado por mi padre después de una conversación con Renata sobre mis planes de mudarme.
La segunda solicitud utilizaba una firma copiada de un documento académico que yo guardaba en casa. La universidad confirmó que no había sido enviada desde mis medios institucionales y que jamás había acudido personalmente a solicitar la baja.
Esos datos no demostraban por sí solos quién había preparado cada archivo, pero justificaban investigar su origen.
Mi papá reconoció, en un mensaje que después conservé, que había enviado el primer correo porque Renata le insistió en que yo necesitaba posponer el examen.
Continuó negando que supiera que ella pensaba agredirme.
Tal vez decía la verdad sobre eso.
Pero sabía perfectamente que intentaba interferir con una decisión que únicamente me correspondía a mí.
Y cuando me encontró lesionada, eligió protegerla.
Poco después también descubrí por qué mi independencia los inquietaba tanto.
La deuda de Renata no era un préstamo destinado a desarrollar una agencia inmobiliaria, como ella había asegurado.
Una parte provenía de gastos personales y otra de pagos acumulados por una operación de compraventa que nunca logró concretar.
Mis padres habían estado cubriendo sus mensualidades.
Esperaban que, al mejorar mi salario, aceptara contribuir a esos pagos para mantener la tranquilidad familiar.
No existía ninguna obligación legal que me exigiera hacerlo.
Sin embargo, durante años habían intentado convencerme de que ser buena hija significaba asumir las consecuencias de las decisiones de mi hermana.
Me negué definitivamente.
Mi papá dejó de contestarme cuando comprendió que no retiraría la denuncia.
Mi mamá me llamó varias veces llorando. Al principio únicamente pedía que perdonara a Renata. Después comenzó a preguntar por mi recuperación.
