Cuando pude utilizar una computadora, busqué anuncios inmobiliarios.
Encontré nuestra casa publicada desde el 18 de noviembre por 2,800,000 pesos.
Las fotografías mostraban incluso la habitación de mi abuela.
Me comuniqué con la inmobiliaria identificándome como copropietaria. Exigí saber quién había autorizado la publicación.
La asesora me envió un correo con los datos del contrato de intermediación firmado por Ricardo.
También me informó algo preocupante: un comprador había entregado 180,000 pesos como anticipo.
La operación estaba programada para febrero, bajo la promesa de que yo firmaría ante notario.
Solicité por escrito copia de los documentos que mencionaban mi nombre y advertí que nunca había autorizado la venta.
La asesora suspendió la promoción mientras verificaba la situación.
Dos semanas después recibí un mensaje de Ricardo.
—Te ofrezco 90,000 pesos. Firma y deja de perjudicarnos.
Le respondí que mi mitad no estaba en venta.
Su siguiente mensaje fue todavía más claro.
—Entonces no te quejes de lo que venga. Ya conoces el carácter de papá.
Guardé la conversación y la incorporé a mi denuncia.
Mi abogado también me explicó que aquel papel que habían intentado hacerme firmar durante la cena no podía sustituir una escritura pública.
Pero eso no reducía el peligro.
Una tarde, mientras me recuperaba en una pequeña casa rentada con patio para Trueno, alguien tocó discretamente.
Era Valeria, la esposa de Ricardo.
Tenía 5 meses de embarazo.
Sus manos temblaban.
—Mariana, necesito hablar contigo sin que se entere tu hermano.
La hice pasar, aunque todavía recordaba que ella había permanecido sentada durante la agresión.
Valeria sacó su celular.
—Sé que todos dijeron que saliste sola. Es mentira. Yo vi lo que hicieron.
—Entonces, ¿por qué no lo dijiste antes?
Comenzó a llorar.
—Porque Ricardo me amenazó. Pero hay algo que tienes que saber.
